Ciudadanos Senadores al Honorable Congreso de la Unión:

Sabemos que fue firmado en Japón por el presidente de la República Méxicana un tratado que compromete a México a someter su actividad de comunicación electrónica a la regulación ordenada por la llamada Ley ACTA según sus siglas en inglés, y que sólo falta la aprobación de la Cámara Alta que en sus dignos cargos representan, para que entre en vigor. Esta ley, como ustedes saben tiene por objeto evitar la comisión de conductas delictivas y proteger los derechos de propiedad intelectual en general y autorales en particular, sin embargo, el compartir contenidos en internet no violenta los derechos autorales mexicanos, toda vez que no se realizan estas operaciones con fines de lucro y sólo en caso de que se demuestre lo contrario, contamos con una regulación nacional específica que previene y penaliza este tipo de delitos siempre respetando las garantías y derechos humanos protegidos por los ordenamientos constitucionales.

Esta Ley, sin embargo, implica serias violaciones a nuestra Carta Máxima, pues su aplicación obligaría a los proveedores de internet a que revelen a las autoridades información de aquellos usuarios que sean sospechosos de violentar los derechos de autor. Las autoridades podrían establecer multas y suspender el servicio a los infractores. Este acuerdo fue polémico debido a que gran parte de las negociaciones fueron hechas de manera privada entre los gobiernos. Todo ello en quebrantamiento del artículo 16 constitucional cuya jerarquía en orden de aplicación legal es superior a la de los Tratados Internacionales.

La importancia de la entrada en vigor de este ordenamiento nos implica a todos los ciudadanos que hacemos uso de los medios de comunicación electrónica masivos y a pesar de eso no se le ha dado suficiente difusión, impidiéndonos conocer su contenido real y sus alcances legales.

Por las razones expuestas y dado que es el voto de los Senadores al Honorable Congreso de la Unión, el que decidirá la entrada en vigor de la referida Ley ACTA, atentamente solicito, solicitamos, la denegada autorización de esta Honorable Cámara Alta Al Congreso de la Unión para la entrada en vigor de este Tratado Internacional, a fin de evitar a toda costa que las presiones internacionales quebranten la democracia y los principios constitucionales que rigen al Estado Mexicano.

Este tipo de regulaciones no propician el cabal desarrollo del Estado de Derecho y sí lo vulneran en detrimento del contrato social, según el cual nación y gobierno se someten por libre voluntad a la regulación jurídica que equilibra y armoniza las relaciones y operaciones entre gobernados; entre particulares y su gobierno y entre órganos y entidades pertenecientes al gobierno del Estado, por esa razón y en virtud de que las operaciones ejecutadas en internet, no violentan los derechos de propiedad intelectual y en todo caso para determinar que existe una conducta delictiva, esta debe investigarse y acreditarse en su totalidad antes de vulnerar los derechos constitucionales de los usuarios, los cuales deben ser observados por cualquier ordenamiento internacional que se quiera integrar a nuestro sistema jurídico, es indispensable que antes de permitir la entrada en vigor de esta ley, se difunda y se explique a todos los ciudadanos usuarios de internet, y se analice en cada uno de sus extremos legales, sociales y económicos a fin de cuidar que ningún derecho humano y ninguna prerrogativa constitucional se vean quebrantados por este tipo de regulaciones.

Lo cierto, honorables ciudadanos integrantes de la Cámara Alta al Congreso de la Unión, es que cada particular gobernado en comunión con ustedes, todos somos ciudadanos mexicanos, todos somos y configuramos al pueblo de México y todos tenemos el deber cívico, el deber ético y el deber moral de cuidarnos entre nosotros, de custodiar nuestros derechos ganados y no ceder ante cualquier forma, sea política, sea jurídica o de cualquier otra índole que siendo injusta, perjudique, limite o reprima nuestro inalienable, perpetuo y soberano derecho de auto determinarnos, auto limitarnos y auto dirigirnos.

Por lo expuesto y fundado, atenta y respetuosamente solicito que no emitan su voto aprobatorio a la Ley descrita.

Agradezco mucho su atención.
Melina Aceves Ulibarri meliacdan@hotmail.com